¿De verdad a la oposición venezolana le interesa dialogar?


El pasado martes 13 de mayo, Ramón Guillermo Aveledo -secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, oposición de derecha venezolana)- manifestó que el diálogo iniciado el viernes 11 de abril con el gobierno presidido por Nicolás Maduro estaba “congelado”. ¿Por qué se boicoteó ese diálogo y otros previos? ¿Cuáles son las condiciones que se pretenden imponer? ¿Quién se beneficia con el conflicto?

Los primeros intentos de acuerdo


Cuando el comandante Hugo Chávez inició su primer período de gobierno el 2 de febrero de 1999, luego de haber triunfado en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 con 56,5% de los sufragios (3:673.685 votos), se comprometió a cumplir su principal promesa de campaña: reformar la Constitución venezolana.

El presidente Chávez convocó el 25 de abril un referéndum consultivo -por primera vez en la historia venezolana- sobre si era necesario reformar la Constitución. La oposición, representada ya por Henrique Capriles, Julio Borges y otros personajes que luego se repetirían, pretendió bloquear la convocatoria.

El 88% de los participantes en el referendo consultivo respaldó la necesidad de la reforma, pero también ese día la oposición venezolana asumió el camino de la permanente confrontación y del desconocimiento de la primera y única Constitución en la historia venezolana votada directamente por el pueblo.

En la Asamblea Constituyente elegida el 25 de julio de ese año, las fuerzas chavistas obtuvieron 128 de los 131 escaños en disputa, pero nuevamente la oposición se negó a aceptar la propuesta constitucional que se elaboró y ninguno de sus asambleístas suscribió la propuesta de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue aprobada en plebiscito el 15 de diciembre por el 71,78% de los votantes.

Un año después, el 30 de julio del 2000, se convocan nuevas elecciones generales para relegitimar los poderes del Estado de acuerdo a la nueva Carta Magna. Nuevamente Chávez triunfa con el 59,76% de los votos y obtiene 91 de los 165 diputados que integraban la nueva Asamblea Nacional unicameral.

No hay que dejarlo gobernar


A partir de ese momento, y luego de las aplastantes victorias obtenidas, empezó una denodada lucha por refundar la alicaída Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y con el apoyo de éstos lograr una elevación de los precios del crudo, que estaba por debajo de ocho dólares el barril.

La oposición venezolana también estuvo en contra de este planteo del comandante Chávez, a quien acusaba de reunirse con dictadores y augurando el fracaso de su política petrolera.

Los ataques al presidente Chávez y a todas las medidas de gobierno iban in crescendo a medida que se aprobaba la nueva Ley de Tierras, la nueva Ley de Hidrocarburos, la nueva Ley de Pesca y otras. La burguesía rentista se negaba a cualquier tipo de diálogo mientras se producía en Venezuela la más formidable redistribución del ingreso conocida hasta ese momento. Millones de personas salían de la pobreza, la indigencia y la anomia.

El 11 de abril de 2002, y como consecuencia de la decisión presidencial de reestructurar la directiva de Petróleos de Venezuela, se produce el golpe de Estado que aleja por 72 horas al presidente Chávez del ejercicio del gobierno. En ese breve lapso, se pretendió desmontar por decreto todos los poderes del Estado, así como la Constitución aprobada tan solo dos años y medio antes y se desató una represión brutal que segó la vida de cerca de 80 personas.

Entre los entusiastas firmantes del nefasto decreto están Leopoldo López y María Corina Machado, mientras que entre los represores destacados de esos días está Henrique Capriles, quien además participó del asedio a la embajada de Cuba.

Cuando el pueblo y la Fuerza Armada lograron derrotar el golpe y restituir al presidente Chávez, éste inmediatamente llamó al diálogo, pero nuevamente los sectores opositores patearon el tablero e iniciaron un alzamiento militar en la plaza Altamira de Chacao (uno de los municipios de Caracas), acompañado de una huelga patronal y un salvaje sabotaje petrolero desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003.

Esa huelga no culminó por efecto del diálogo. De hecho, las medidas nunca fueron levantadas explícitamente. Simplemente el pueblo venezolano y su gobierno lograron resistir los ataques. El pueblo organizado demostró ser más fuerte que el capital.

En agosto de 2004 Chávez se sometió a un referendo revocatorio, que ganó por 59,06%. La oposición no reconoció el resultado emanado del organismo electoral y anunció que presentaría las pruebas de un fraude masivo; nunca se presentaron dichas pruebas y tampoco hubo una rectificación de esa denuncia.

En las elecciones parlamentarias que correspondían al año 2005, la oposición decidió no participar para restarle legitimidad al proceso electoral y al propio gobierno. El parlamento fue despreciado como espacio natural de diálogo político, solución de diferencias y arribo de acuerdos.

Tan solo un año después, en diciembre de 2006, Chávez vuelve a ganar las elecciones presidenciales con 7:302.080 votos (62,84%) y las volvió a ganar en diciembre de 2012 con 8:185.120 votos (55,08%).

Pero el 31 de diciembre de 2007, el presidente Chávez había decretado una amnistía para todos los delitos cometidos durante el golpe de abril de 2002 (excepto aquellos que fueran calificados como atroces) como “una demostración de que queremos la paz, de que se produzca un fuerte debate, pero en paz”. La oposición nunca devolvió el gesto, ni dio señal de similar envergadura.

Guerra contra Maduro


A raíz de la enfermedad y muerte del comandante Chávez y de la elección del presidente Nicolás Maduro como su sucesor, se desatan los demonios de la oposición. El análisis era simple: Chávez no estaba, los chavistas estaban deprimidos, “Maduro no es Chávez”, decían. Se debía forzar la caída del gobierno.

El candidato Henrique Capriles desconoció el resultado de la elección del 14 de abril de 2013 y el llamado a sus militantes a “descargar la arrechera (enojo)” terminó con 15 personas asesinadas, todas ellas chavistas.

La oposición convocó entonces a “plebiscitar” la legitimidad del gobierno en las elecciones municipales de diciembre de 2013. El chavismo triunfó ampliamente en todo el país; de las 337 alcaldías en disputa, las fuerzas del Gran Polo Patriótico obtuvieron 242, aventajando a la MUD por más de 10% y cerca de un millón de votos.

La legitimidad del gobierno fue nuevamente ratificada en ese “plebiscito”, a partir del cual Maduro cuenta con el mayor respaldo institucional que hasta ese momento tuviera presidente alguno en la historia venezolana: 99 de 165 diputados, 20 de 23 gobernadores y 242 de 337 alcaldes.

Ya en el mes de enero Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, con el silencio cómplice del resto de la dirigencia opositora, convocaban a los opositores a forzar “la salida” del gobierno a través de acciones de calle de intensidad creciente, aplicando el manual del “golpe suave” (ver “Para entender qué está pasando en Venezuela”, El Popular 268, 23 de mayo de 2014).

Aunque el pasado 11 de abril se instaló una mesa entre la plana mayor de la MUD y del Gobierno para propiciar un diálogo que permitiera superar el conflicto, el 13 de mayo este diálogo fue “congelado” por las fuerzas opositoras, que exigen que sean liberadas las personas acusadas por 43 asesinatos y otras graves violaciones a los derechos humanos en el marco de protestas sumamente violentas, lo cual es inaceptable para el gobierno.

¿Pero por qué la derecha no quiere dialogar?


Porque el diálogo y la solución de los diferendos por vías pacíficas permitirían resolver los problemas que afectan al país de manera democrática y no es eso lo que le interesa a la derecha.

Su real interés es tomar el control del gobierno para lograr tres objetivos fundamentales: la reapropiación de la renta petrolera por parte de la burguesía mercantil parasitaria, para lo cual se requiere desmontar todo el entramado de misiones sociales; la reinstauración de Estados Unidos como destino único de las exportaciones petroleras, para lo cual se requiere la eliminación de todos los convenios de suministro y complementación; y la desintegración de todos los mecanismos que buscan generar un mundo multipolar.

En definitiva, no aceptan dialogar y acordar para lograr la paz y el desarrollo nacional en democracia porque defienden intereses que no son los del pueblo venezolano.

Publicada originalmente en el semanario El Popular (Montevideo, Uruguay, nro. 269, 30 de mayo de 2014)

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