No es escasez, es guerra

Los medios de comunicación hegemónicos abundan en noticias sobre la escasez de algunos productos en Venezuela, presentando la vida cotidiana de los habitantes de ese país como una lucha a brazo partido por intentar conseguir un kilo de harina de maíz (con la que se hace las arepas), desodorante o papel higiénico. Los mismos medios presentan esto como un fracaso del Gobierno Bolivariano en dar satisfacción a las demandas del pueblo y resolver una crisis de producción. ¿Qué tan cierto es eso? Trataremos de desentrañar esta compleja trama juntos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, afirmó el pasado 20 de agosto: “Le están sacando el 30% de la sangre a nuestra economía (...) Se ha establecido toda una mafia, que ha convertido a nuestro país en un exportador neto del casi 30% de los productos de consumo nacional”. La afirmación la realizó en un acto de balance de las medidas acordadas con el gobierno colombiano para combatir el contrabando de extracción a través de la frontera binacional.

“La gran mayoría del país lo que hace es trabajar. Lo menos que pedimos es un comercio justo y sano. No es justo que grandes cadenas comerciales se presten para esto. Vamos a fondo contra esos grupos mafiosos”, afirmó Maduro, quien señaló también que existe “todo un sistema para proteger a nuestra población, para el pueblo que ahora tiene empleo y salario protegido”.

El Jefe de Estado venezolano reveló una estrategia de un sector económico fuertemente vinculado con actores políticos de ambos lados de la frontera para intentar quebrar por desangre la economía del país y lograr que la población mengüe su apoyo a la Revolución Bolivariana.

Personajes como los “bachaqueros” (personas que se dedican al contrabando de extracción de cantidades masivas de productos de la cesta básica) y los “pimpineros” (que hacen lo propio con gasolina y diesel) se han convertido en los soldados de infantería de una guerra económica que es parte de los intentos por desplazar al Gobierno Bolivariano del poder y lograr el retorno de las clases dominantes para apropiarse de la renta del petróleo y garantizar a Estados Unidos que Venezuela será su reservorio seguro de combustible barato.

El robo de los subsidios

El Gobierno Bolivariano, con la firme intención de garantizar el acceso de los sectores populares a los productos de primera necesidad apoya la producción de dichos productos a través de créditos y políticas de fomento y promoción; cuando no existe o no es posible la producción nacional, se realizan gigantescas importaciones de los mismos y en cualquier caso, se subsidia estos productos para impedir que el pueblo venezolano vuelva a pasar las privaciones a las que fue sometido durante los gobiernos anteriores a la llegada del comandante Hugo Chávez.

Esta política forma parte de la redistribución de la renta petrolera, cuyo principal objetivo hoy es la elevación de las condiciones de vida de las y los venezolanos, a través de políticas que garantizan el acceso al trabajo, salud, vivienda, educación básica y universitaria y, por supuesto, también a la seguridad alimentaria de todo el pueblo.

Sin embargo, a través del contrabando de extracción, al menos un 30% de estos esfuerzos se pierden a través de la extensa frontera de más de 3.000 kilómetros que Venezuela comparte con la hermana República de Colombia.

La importante carestía que se vive del otro lado de la frontera, hace que sea un pingüe negocio llevar allí estos productos; pero si a esto le agregamos los componentes del paramilitarismo, el narcotráfico y la locura belicista de personas como el expresidente Álvaro Uribe, el coctel puede ser explosivo.

Empecemos por el petróleo

En un reportaje realizado para la página web Misión Verdad, el periodista venezolano José Roberto Duque publicó un trabajo del diario cucuteño La Opinión que revelaba que tras la activación del plan de lucha binacional contra el contrabando, la gasolina en Cúcuta (ciudad fronteriza con el venezolano estado fronterizo de Táchira) se hizo 35% más costosa.

Duque señalaba también que en Cúcuta, una “pimpina” (bidón) con 22 litros de gasolina venezolana se vende entre 28 mil y 30 mil pesos (de 14 a 15 dólares), mientras que esa misma cantidad de combustible en Venezuela cuesta apenas unos 0,33 dólares. Esta gasolina de contrabando es comercializada por la Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte, cuyos miembros le tributan al Gobierno departamental el 10% de las ganancias sobre cada pimpina contrabandeada (sí, leyó bien, pagan un impuesto sobre un producto ingresado ilegalmente al país).

Los pimpineros entregan la gasolina venezolana de contrabando a los Centros de Acopio Fronterizo que, según una legislación aprobada por el gobierno uribista, una vez que ingresa a Colombia es “nacionalizada” sin pago de aranceles ni declaración de contenido, volumen o peso.

La inmensa mayoría de la gasolina venezolana va a parar a Ecopetrol, empresa que luego exporta ese combustible a distintos países. De hecho, la empresa colombiana Ecopetrol exporta más gasolina de la que produce, fenómeno solamente explicable por las enormes cantidades de gasolina que se contrabandea así el país cafetalero.

Quienes asesoraron al expresidente Uribe Velez y a su ministro de Hacienda, Roberto Junguito, para diseñar este plan fueron los exgerentes de Pdvsa Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón Berti.

De hecho, estos exgerentes involucrados en los intentos de golpe de Estado de 2002 y 2003 en contra del presidente Chávez, instalaron en Colombia las empresas Pacific Rubiales, Alange Energy y Vectra, que -por favor, no se vaya a extrañar- son las autorizadas por decreto para vender el combustible “nacionalizado” a través de Ecopetrol.

Ahí está la madre del borrego.

Pero el petróleo no se come

Juan Carlos Tanus, dirigente de la Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela, explicó a Misión Verdad que “los colombianos salen a comprar o llevar de contrabando productos de otras latitudes porque es mucho más barato. De los productos subsidiados por Venezuela vive un tercio de la población colombiana, es decir, más de 16 millones de personas: los 40 municipios del Norte de Santander -que son cerca de 2 millones de habitantes- mas 800 mil del Departamento de La Guajira, que son otros 15 municipios”.

“Por ejemplo, tras la activación del Plan Contra el Contrabando, Cúcuta amaneció con 30% menos de productos. Esto significa que si los operativos persisten con la misma fuerza, nosotros tendremos una Cúcuta desabastecida para finales de diciembre. No va a haber ni cómo hacer tamales navideños. Además, en municipios como Barrancas o La Paz, el 80% de la población contrabandea gasolina y el 95% consume esa gasolina de contrabando. Es decir, en Colombia el contrabando se volvió un proceso cultural, y como la política direcciona la economía, pues esto tiene que ver lógicamente con el modelo económico neoliberal que nos impusieron”, señaló.

Porque lo que se vive en la frontera colombiana es una dependencia perversa de gran parte de la población de esta mafia que chupa la teta del petróleo venezolano y que trata de apropiarse de los subsidios a los productos de primera necesidad, especialmente los alimentos.

Un kilo de café (producto que ambos países producen con calidades equivalentes) cuesta en Colombia aproximadamente 15 veces más que en Venezuela; la proporción es similar en arroz, azúcar, harina de maíz y otros.

Miles de especuladores organizados en una gigantesca mafia se dedican a esta actividad ilícita que genera penurias para la población de ambos lados de la frontera: la venezolana, porque no encuentra con normalidad los productos que requiere para su diario vivir; la colombiana, porque no encuentra fuentes de trabajo productivas y se ve empujada a una espiral de ilegalidad y violencia.

El coro dice...

Desde la oposición venezolana y el coro de medios internacionales que interpretan nuestra realidad se insiste en proponer, reclamar, incluso exigir que se eliminen los subsidios, se desregule la economía venezolana, se devalúe la moneda, se libere el tipo de cambio y las tasas de interés.

Aspiran a que Venezuela permita que el petróleo se venda barato y compremos fuera todo lo que comemos muy barato, que a las personas que trabajan se les paguen miserias, que permitamos que las divisas que obtenemos de la explotación petrolera terminen en las cuentas de los especuladores.

Eso “garantizará que el mercado se normalice” dicen. Eso “permitirá que las góndolas de los supermercados estén llenas, como solían estarlo”, dicen. Ese día también nuestro pueblo estará en la más absoluta miseria, como solía estarlo, pero eso no lo dicen.

Publicada originalmente en el semanario El Popular (Montevideo, Uruguay, número 284, 12 de septiembre de 2014).