Los
medios de comunicación hegemónicos abundan en noticias sobre la
escasez de algunos productos en Venezuela, presentando la vida
cotidiana de los habitantes de ese país como una lucha a brazo
partido por intentar conseguir un kilo de harina de maíz (con la que
se hace las arepas), desodorante o papel higiénico. Los mismos
medios presentan esto como un fracaso del Gobierno Bolivariano en dar
satisfacción a las demandas del pueblo y resolver una crisis de
producción. ¿Qué tan cierto es eso? Trataremos de desentrañar
esta compleja trama juntos.
El
presidente venezolano Nicolás Maduro, afirmó el pasado 20 de
agosto: “Le están sacando el 30% de la sangre a nuestra economía
(...) Se ha establecido toda una mafia, que ha convertido a nuestro
país en un exportador neto del casi 30% de los productos de consumo
nacional”. La afirmación la realizó en un acto de balance de las
medidas acordadas con el gobierno colombiano para combatir el
contrabando de extracción a través de la frontera binacional.
“La
gran mayoría del país lo que hace es trabajar. Lo menos que pedimos
es un comercio justo y sano. No es justo que grandes cadenas
comerciales se presten para esto. Vamos a fondo contra esos grupos
mafiosos”, afirmó Maduro, quien señaló también que existe “todo
un sistema para proteger a nuestra población, para el pueblo que
ahora tiene empleo y salario protegido”.
El
Jefe de Estado venezolano reveló una estrategia de un sector
económico fuertemente vinculado con actores políticos de ambos
lados de la frontera para intentar quebrar por desangre la economía
del país y lograr que la población mengüe su apoyo a la Revolución
Bolivariana.
Personajes
como los “bachaqueros” (personas que se dedican al contrabando de
extracción de cantidades masivas de productos de la cesta básica) y
los “pimpineros” (que hacen lo propio con gasolina y diesel) se
han convertido en los soldados de infantería de una guerra económica
que es parte de los intentos por desplazar al Gobierno Bolivariano
del poder y lograr el retorno de las clases dominantes para
apropiarse de la renta del petróleo y garantizar a Estados Unidos
que Venezuela será su reservorio seguro de combustible barato.
El
robo de los subsidios
El
Gobierno Bolivariano, con la firme intención de garantizar el acceso
de los sectores populares a los productos de primera necesidad apoya
la producción de dichos productos a través de créditos y políticas
de fomento y promoción; cuando no existe o no es posible la
producción nacional, se realizan gigantescas importaciones de los
mismos y en cualquier caso, se subsidia estos productos para impedir
que el pueblo venezolano vuelva a pasar las privaciones a las que fue
sometido durante los gobiernos anteriores a la llegada del comandante
Hugo Chávez.
Esta
política forma parte de la redistribución de la renta petrolera,
cuyo principal objetivo hoy es la elevación de las condiciones de
vida de las y los venezolanos, a través de políticas que garantizan
el acceso al trabajo, salud, vivienda, educación básica y
universitaria y, por supuesto, también a la seguridad alimentaria de
todo el pueblo.
Sin
embargo, a través del contrabando de extracción, al menos un 30% de
estos esfuerzos se pierden a través de la extensa frontera de más
de 3.000 kilómetros que Venezuela comparte con la hermana República
de Colombia.
La
importante carestía que se vive del otro lado de la frontera, hace
que sea un pingüe negocio llevar allí estos productos; pero si a
esto le agregamos los componentes del paramilitarismo, el
narcotráfico y la locura belicista de personas como el expresidente
Álvaro Uribe, el coctel puede ser explosivo.
Empecemos
por el petróleo
En
un reportaje realizado para la página web Misión Verdad, el
periodista venezolano José Roberto Duque publicó un trabajo del
diario cucuteño La
Opinión
que revelaba que tras la activación del plan de lucha binacional
contra el contrabando, la gasolina en Cúcuta (ciudad fronteriza con
el venezolano estado fronterizo de Táchira) se hizo 35% más
costosa.
Duque
señalaba también que en Cúcuta, una “pimpina” (bidón) con 22
litros de gasolina venezolana se vende entre 28 mil y 30 mil pesos
(de 14 a 15 dólares), mientras que esa misma cantidad de combustible
en Venezuela cuesta apenas unos 0,33 dólares. Esta gasolina de
contrabando es comercializada por la Cooperativa Multiactiva de
Pimpineros del Norte, cuyos miembros le tributan al Gobierno
departamental el 10% de las ganancias sobre cada pimpina
contrabandeada (sí, leyó bien, pagan un impuesto sobre un producto
ingresado ilegalmente al país).
Los
pimpineros entregan la gasolina venezolana de contrabando a los
Centros de Acopio Fronterizo que, según una legislación aprobada
por el gobierno uribista, una vez que ingresa a Colombia es
“nacionalizada” sin pago de aranceles ni declaración de
contenido, volumen o peso.
La
inmensa mayoría de la gasolina venezolana va a parar a Ecopetrol,
empresa que luego exporta ese combustible a distintos países. De
hecho, la empresa colombiana Ecopetrol exporta más gasolina de la
que produce, fenómeno solamente explicable por las enormes
cantidades de gasolina que se contrabandea así el país cafetalero.
Quienes
asesoraron al expresidente Uribe Velez y a su ministro de Hacienda,
Roberto Junguito, para diseñar este plan fueron los exgerentes de
Pdvsa Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón Berti.
De
hecho, estos exgerentes involucrados en los intentos de golpe de
Estado de 2002 y 2003 en contra del presidente Chávez, instalaron en
Colombia las empresas Pacific Rubiales, Alange Energy y Vectra, que
-por favor, no se vaya a extrañar- son las autorizadas por decreto
para vender el combustible “nacionalizado” a través de
Ecopetrol.
Ahí
está la madre del borrego.
Pero
el petróleo no se come
Juan
Carlos Tanus, dirigente de la Asociación Civil Colombianos y
Colombianas en Venezuela, explicó a Misión Verdad que “los
colombianos salen a comprar o llevar de contrabando productos de
otras latitudes porque es mucho más barato. De los productos
subsidiados por Venezuela vive un tercio de la población colombiana,
es decir, más de 16 millones de personas: los 40 municipios del
Norte de Santander -que son cerca de 2 millones de habitantes- mas
800 mil del Departamento de La Guajira, que son otros 15 municipios”.
“Por
ejemplo, tras la activación del Plan Contra el Contrabando, Cúcuta
amaneció con 30% menos de productos. Esto significa que si los
operativos persisten con la misma fuerza, nosotros tendremos una
Cúcuta desabastecida para finales de diciembre. No va a haber ni
cómo hacer tamales navideños. Además, en municipios como Barrancas
o La Paz, el 80% de la población contrabandea gasolina y el 95%
consume esa gasolina de contrabando. Es decir, en Colombia el
contrabando se volvió un proceso cultural, y como la política
direcciona la economía, pues esto tiene que ver lógicamente con el
modelo económico neoliberal que nos impusieron”, señaló.
Porque
lo que se vive en la frontera colombiana es una dependencia perversa
de gran parte de la población de esta mafia que chupa la teta del
petróleo venezolano y que trata de apropiarse de los subsidios a los
productos de primera necesidad, especialmente los alimentos.
Un
kilo de café (producto que ambos países producen con calidades
equivalentes) cuesta en Colombia aproximadamente 15 veces más que en
Venezuela; la proporción es similar en arroz, azúcar, harina de
maíz y otros.
Miles
de especuladores organizados en una gigantesca mafia se dedican a
esta actividad ilícita que genera penurias para la población de
ambos lados de la frontera: la venezolana, porque no encuentra con
normalidad los productos que requiere para su diario vivir; la
colombiana, porque no encuentra fuentes de trabajo productivas y se
ve empujada a una espiral de ilegalidad y violencia.
El
coro dice...
Desde
la oposición venezolana y el coro de medios internacionales que
interpretan nuestra realidad se insiste en proponer, reclamar,
incluso exigir que se eliminen los subsidios, se desregule la
economía venezolana, se devalúe la moneda, se libere el tipo de
cambio y las tasas de interés.
Aspiran
a que Venezuela permita que el petróleo se venda barato y compremos
fuera todo lo que comemos muy barato, que a las personas que trabajan
se les paguen miserias, que permitamos que las divisas que obtenemos
de la explotación petrolera terminen en las cuentas de los
especuladores.
Eso
“garantizará que el mercado se normalice” dicen. Eso “permitirá
que las góndolas de los supermercados estén llenas, como solían
estarlo”, dicen. Ese día también nuestro pueblo estará en la más
absoluta miseria, como solía estarlo, pero eso no lo dicen.
Publicada originalmente en el semanario El Popular (Montevideo, Uruguay, número 284, 12 de septiembre de 2014).
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