Venezuela: ¿Se puede vivir con impunidad?

Pareciera que la respuesta negativa es obvia; sin embargo, una miríada de voceros desde varios puntos del globo y a través de una red de medios, levanta su voz para que en Venezuela no haya justicia.

La Ley obliga

La conformación del aparato de justicia es uno de los primeros elementos que configura la formación de los Estados. Tanto para castigar a quienes violentan una norma que se ha impuesto en determinada sociedad, como para proteger a las ciudadanas y ciudadanos de los excesos que pudieran devenir de las acciones represivas del propio Estado.

La vindicta pública se define como la “persecución de los delitos por la sola razón de la justicia, en nombre de la sociedad y de las leyes e independientemente de la satisfacción del daño de la víctima”, Diccionario Jurídico de la Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2005.

Lo que significa que el Ministerio Público (ejercido en Venezuela por la Fiscalía General de la República, organismo autónomo e independiente integrante del Poder Ciudadano, que junto con el Poder Electoral, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, constituyen el novedoso esquema institucional venezolano) tiene la obligación de perseguir el delito para que se haga justicia en nombre de las leyes que se ha dado la propia sociedad.

En el caso de las violaciones a los derechos humanos, el Estado asumió en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en referendo en diciembre de 1999 a instancias del comandante Hugo Chávez, la doble obligación de evitar que se produzcan y de perseguir a los violadores.

Venezuela está además comprometida en este esfuerzo en virtud de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y que dicha Constitución establece que conforman “parte integral del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”.

Todo lo anterior busca aclarar que el Estado venezolano tiene la obligación de perseguir las violaciones a las leyes y aplicar justicia, así como está obligado por la legislación nacional y los tratados internacionales a prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

El Poder Ejecutivo en Venezuela no es quien inicia el proceso judicial, sino un poder independiente y autónmo (el Ministerio Público) y solamente cumple instrucciones de fiscales y jueces.

Hasta aquí, esperemos que esté todo claro.

Las “guarimbas”

En febrero de 2014, Leopoldo López y otros dirigentes del sector radical de oposición convocaron a “La salida”, una serie de movilizaciones violentas de calle e instalación de barricadas (guarimbas) que tenían por objetivo lograr el inmediato cambio del Gobierno legítimo venezolano por la vía que fuera. Esas acciones violentas, que lograron ser desactivadas en torno al mes de junio de ese año, culminaron con 43 muertos y cerca de 800 heridos.

Todos los muertos le duelen a la sociedad venezolana. Todas las muertes violentas son indebidas. Todas las personas merecen vivir en el ejercicio pleno de sus derechos, en democracia, paz, justicia y libertad.

De esos 43 muertos, once son funcionarios de cuerpos de seguridad que fueron asesinados cuando intentaban desmontar las guarimbas que se habían instalado en los barrios pudientes de las principales ciudades del país. La mayor parte de ellos por disparos de francotiradores ubicados en edificios ubicados cerca de esas mismas barricadas “defendidas” por manifestantes violentos, muchos de ellos entrenados según los manuales de la organización ultraderechista serbia “Otpor” y la Unión Juvenil Cruceñista de Bolivia, que pretendió desconocer al Gobierno de Evo Morales en Bolovia separar a los departamentos de la “media luna” (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) del resto del país.

Del total de víctimas, otras 21 se corresponden a otras acciones violentas directamente ejecutadas por los “guarimberos”, como fue la instalación de “guayas” (alambres) atravesados en las vías para provocar que las personas que circulaban en motocicletas se degollaran y de esa manera bloquear el paso, arrollamientos deliberados o agresiones por arma blanca o de fuego en contra de otros ciudadanos.

Otras seis víctimas corresponden a excesos cometidos por funcionarios de seguridad -que ya están detenidos y están siendo procesados y para quienes el Ministerio Público les ha solicitado las máximas penas- y otras tres personas fallecidas lo fueron por accidentes de tránsito producidos por la misma existencia de estas barricadas.

Las víctimas claman justicia

Por el solo hecho de haberse producido estos crímenes, como vimos más arriba, los órganos encargados de la aplicación de justicia están obligados a investigarlos y sancionarlos.

Los familiares a quienes se ha privado de la vida de personas en su mayoría jóvenes también claman por justicia. Pero además, ninguna sociedad sana puede asentarse sobre la impunidad y la injusticia.

La persecución y juicio de las violaciones de derechos humanos constituyen para todas y todos una señal hacia el futuro: no se aceptarán violaciones al Estado de derecho, no es legítimo violar derechos humanos para hacerse del poder, no se puede tomar a la población civil de rehén, los responsables serán juzgados sean quienes fueran.

Leopoldo López, como principal instigador de estas acciones, fue acusado por el Ministerio Público y -luego de haberse escondido unos días- se entregó el 18 de ese mes de febrero de 2014.

Del mismo modo, dos alcaldes opositores que participaron activamente coordinando las acciones violentas en sus respectivas jurisdicciones fueron encarcelados y varios de los “guarimberos” que estuvieron directamente involucrados en delitos que costaron la vida a las víctimas de esos días, permanecen recluidos, en este caso por orden del Tribunal Supremo de Justicia, ya que desobedecieron una medida de amparo constitucional que los intimaba al cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo.

Algunas de estas personas ya han sido condenadas y otras aún están en proceso judicial, con estricto apego al derecho y a las normas que rigen la materia. Aglunas de estas personas, incluso, han sido liberadas por razones humanitarias o se les han aplicado medidas sustitutivas de la privación de libertad.

El “paquetico” que vino de Colombia

Un video mostrado el 14 de septiembre del pasado año por el programa Zurda Konducta del canal estatal Venezolana de Televisión, muestra a los venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles -integrantes de la organización opositora radical Operación Libertad, quienes fueron expulsados de Colombia el 4 de septiembre de ese mismo año-  en una video-conversación por Internet reconociendo la posesión de explosivos y el uso de los mismos para ejecutar atentados -con la asesoría de “especialistas” y “profesionales”- con el fin de suspender las elecciones municipales de mayo del 2014, que resultaron ampliamente victoriosas para los sectores chavistas.

“Vamos a dar un coñazo duro y después, como se va a calentar la vaina, va a haber un entrenamiento con especialistas. Ese entrenamiento es en Bogotá, va a haber 10 personas. Allí va a haber un plan integral; de todo: disparar, explosivos, estrategia, defensa personal, paracaidismo, todo. Eso es para arrancar después de las elecciones, pero va a ser en Bogotá, hay que movilizar a los chamos poco a poco”.

En la conversación Saleh -detenido juntos a Valles desde su expulsión por el gobierno de Colombia-, también indicaba que su organización ya disponía de armas, minuciones y explosivos y explicó que sus principales apoyos los obtenía del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y del entonces alcalde metropolitano Antonio Ledezma, “que siempre nos han acompañado”.

Una nueva Jericó

En el mes de  febrero de este año fue descubierto un plan de golpe de Estado que pretendía -con el uso de algunos oficiales de la Aviación Militar- bombardear una serie de instalaciones estratégicas.

Este golpe fue denominado como “Operación Jericó”.  Entre los objetivos a ser bombardeados estaba la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Ministerio de la Defensa, la Alcaldía Mayor, la Alcaldía del Municipio Libertador, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de Educación, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la Cancillería, el Banco Central de Venezuela y la Fiscalía General de Venezuela, además de la sede del canal multiestatal Telesur.

En sus declaraciones a los órganos de justicia del dúo Saleh-Valles, así como las del grupo de militares involucrados en la “Operación Jericó”, surgió en reiteradas oportunidades la implicación en ambas operaciones del alcalde Ledezma, quien había estado ya involucrado en los sucesos del golpe de Estado de abril de 2002 en contra del presidente Hugo Chávez.

Por este motivo, Ledezma fue detenido por orden del Ministerio Público el pasado 19 de febrero y está siendo juzgado sujeto a derecho.

Esa señora ciega

A nadie le “gusta” que haya presos por ninguna causa y en ninún lugar, ¿pero sería posible que fuera distinto? ¿Sería mejor la impunidad? ¿Habría que “dar vuelta la página”?

No parece que así fuera y no lo permiten los tratados internacionales suscritos por nuestro país, ni la Constitución, ni las leyes, ni el pueblo de Venezuela que exige justicia.

La justicia no puede depender de que los criminales sean famosos, o de que hayan actuado por intermedio de terceros, o de que detenten un cargo público, o de que tengan muchos amigos en los grupos de derecha del mundo entero.

La justicia debe seguir siendo esa señora ciega, que garantiza que las normas sean cumplidas por todos los integrantes de una sociedad y protegiendo a los más vulnerables.


Publicada originalmente en el semanario El Popular (Montevideo, Uruguay, número 309, 29 de mayo de 2015) 

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