Habilitar la verdad


Cada país tiene sus calendarios internos, algunos más rígidos que otros. Algunos con más atención internacional. Pocas veces los vencimientos de los plazos para las declaraciones de impuestos de las y los funcionarios públicos ocupan portadas. Excepto cuando se trata de Venezuela.

Si la ciudadana María Corina Machado es sancionada por el incumplimiento de los deberes que ha asumido frente a toda la sociedad, pues parece que “tiene coronita” y no debe ser sancionada. O al menos, así pretenden algunos que creamos que son las cosas.

Cuando se trata de Venezuela todo sirve para mentir, porque Venezuela le preocupa a las grandes cadenas mediáticas internacionales y a lacayos locales al servicio de intereses hegemónicos. De eso saben bien gran cantidad de periodistas, a lo largo y ancho del mundo entero, que son presionados para publicar notas adversas en relación a Venezuela.

Por eso mismo se distorsiona la realidad venezolana por parte de medios de comunicación del mundo entero y se hacen eco de estas falsas informaciones las más diversas vocerías en cada uno de los países del continente.

Intentemos, como habitualmente hacemos, desentrañar el acertijo impuesto por la telaraña que oculta la verdad y atrapa en sus redes a las más diversas víctimas, entre ellas la verdad.

El marco jurídico

Una de las más graves situaciones que vivía Venezuela en los años 80 y 90 era la rampante corrupción que permeaba todos los ámbitos de la sociedad, pero que llegaba a niveles escandalosos en las instituciones del Estado y entre sus funcionarios.

Estos altísimos niveles de corrupción fueron especialmente considerados por parte de los constituyentes que elaboraron la carta magna venezolana de 1999 y que fue amplísimamente respaldada por la población en referendo aprobatorio.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 287, establece que “la Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control”.

La Contraloría General de la República integra el Poder Ciudadano, quinto poder del Estado (además del Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral) también integrado por el Ministerio Público (fiscalía) y la Defensoría del Pueblo (en algunos países conocida como Ombudsman). Este Poder es autónomo, de la misma manera en que lo son los otros cuatro, y esto ha sido reconocido por los organismos equivalentes en materia de derechos humanos de América Latina y el mundo entero.

Con la excepción del Contralor General de la República, que es elegido por mayoría especial de la Asamblea Nacional, todos los demás contralores (estadales, municipales, parroquiales y en todos los organismos del Estado) son designados por concurso y permanecen en sus funciones por cinco años y sin posibilidad de volver a ocupar el cargo.

La actividad de la Contraloría General de la República está regulada por su Ley Orgánica, que en su artículo segundo reza: “Corresponde a la Contraloría ejercer sobre los contribuyentes y responsables, previstos en el Código Orgánico Tributario, así como sobre los demás particulares, las potestades que específicamente le atribuye esta Ley”.

El artículo 78 de la misma ley establece: “La Contraloría General de la República podrá solicitar declaraciones juradas de patrimonio a los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, obreros y obreras del sector público, a los particulares que hayan desempeñado tales funciones o empleos, a los contribuyentes o responsables, según el Código Orgánico Tributario, y a quienes en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones relacionadas con el patrimonio público, o reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales. Dichas declaraciones deberán reflejar la real situación patrimonial del declarante para el momento de la declaración”.

En este apartado se considera a quienes son electos por el pueblo en cargos de gobierno o representación (Presidente o Presidenta, gobernadores o gobernadoras, alcaldes o alcaldesas, diputados o diputadas, concejales y concejalas), así como a los cargos de confianza -de libre remoción y nombramiento-, que tienen la obligación de presentar su Declaración Jurada de Patrimonio al ingresar o egresar de la función pública, así como la obligación de realizar anualmnte la declaración del Impuesto Sobre la Renta, aún cuando sus ingresos no entren en los montos imponibles o tengan a su favor exoneraciones que los eximan del pago del mismo.

La norma también establece que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la toma de posesión de un cargo o a la fecha en la cual se cesa en el ejercicio del mismo, las y los funcionarios deben presentar también la Declaración Jurada de Patrimonio.

La Ley Contra la Corrupción, en su artículo 39, además de regular las mutas y sanciones correspondientes a la comisión de omisiones o faltas en la responsabilidad administrativa de las y los funcionarios públicos, establece la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a la persona que -entre otras causales- “falseare u ocultare los datos contenidos en la declaración jurada de patrimonio o los suministrados en el procedimiento de verificación patrimonial”.

El lapso de esta inhabilitación “para ejercer cualquier cargo público” no podrá exceder los doce meses, siempre y cuando sea subsanado el incumplimiento.

El marco de la falta

El Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, dijo la tarde de este miércoles que la inhabilitación de la exdiputada María Corina Machado “no es una suspensión de carácter político” y que fue motiva por “la inconsistencia y ocultamiento de algunos activos que ella debió haber presentado oportunamente en su declaración jurada de patrimonio, de las prestaciones sociales y bonificaciones que ella cobró a la Asamblea Nacional cuando ejerció el cargo como diputada”.

Señaló que Machado “al no incluir en la declaración jurada de patrimonio tales conceptos de carácter laboral, no la Contraloría, sino la Ley Contra la Corrupción, acarrea la sanción de la inhabiltación administrativa por 12 meses”.

La población venezolana, al igual que la de muchos otros países -incluyendo varios de nuestro propio continente- está harta de que las personas en que el pueblo respalda para la administración de los fondos públicos, defrauden esta confianza para enriquecerse a sí mismo o a sus allegados.

Por esto mismo esas normas fueron aprobadas y por esto mismo seguirán aplicándose, por la necesidad de adecentar la función pública inherente a cualquier sociedad que busca superarse y porque la gente reclama que administradores y políticos estén sujetos a las generales de la Ley.

No solamente la señora Machado ha sido sancionada; de hecho, la mayor parte de los funcionarios sobre los que se han dictado sanciones de inhabilitación por el incumplimiento de estas normas fueron electos con el apoyo de los sectores que apoyan la Revolución.

Por eso mismo, nadie reclama por estas sanciones: las fuerzas revolucionarias reclaman para sí mismas lo mismo que le exigen a los demás: la máxima decencia, contracción al trabajo, austeridad y eficacia en el ejercicio de la función pública.

Quienes creemos que la sociedad debe construirse sobre bases más justas, con igualdad de oportunidades para todos y con la mayor solidaridad, no podemos admitir que las personas a quienes colocamos en situaciones de poder para llevar adelante estos cometidos incumplan sus deberes y defrauden a su pueblo.

Parece que no sucede lo mismo con el coro internacional que acompaña la sanción a María Corina Machado, quien omitió en su declaración jurada la declaración de ingresos por distintas vías, así como de activos incorporados a su patrimonio personal.

Esta situación en la que los medios internacionales colocan a Machado en situación de víctima no se corresponde con la realidad interna de Venezuela, donde la ex diputada se presentará nuevamente para su elección y donde no ha habido siquiera una concentración pequeña respaldándola.

Si Machado es, como dice este coro, una lideresa de la oposición que está en condiciones de disputarle el poder al presidente Nicolás Maduro, ¿por qué el pueblo venezolano no le ha dado hasta ahora su respaldo en las calles? No será por falta de manifestaciones en Venezuela…

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